En realidad Santa Cruz de la Sierra exigía cambios en la estructura organizativa del Estado, que buscaban democratizar el sistema político haciéndolo más participativo y brindando a las regiones la posibilidad de autogobernarse mediante las autonomías.

Aquí la Ley de Participación Popular supuso una verdadera redistribución del poder económico, político y social, transformando la vida de cada uno de los primeros 316 municipios de Bolivia y la Descentralización Administrativa que inicia el proceso de desconcentración del Poder Ejecutivo en cada uno de los departamentos.

Con estos antecedentes el constituyente de 2009 reconoce el régimen autonómico y en la tercera parte de la Ley Fundamental (arts. 269-276), denominada "Estructura y Organización Territorial del estado", se configure el modelo del Estado Plurinacional Unitario con autonomías y una división territorial del poder, donde los Órganos Ejecutivos y Legislativos de los gobiernos subnacionales forman parte de la distribución y ejercicio del poder público porque se les reconoce cualidad gobernativa.