Entre 1996 y 2002 los sucesivos gobiernos, lejos de adoptar políticas que buscaran revertir la pobreza y el desempleo, profundizaron la exclusión y paliaron la emergencia con planes se asistencia social que se consolidaron como moneda de cambio para controlar el descontento y desarticular temporalmente los cortes de ruta y distintas formas de reclamo. La reacción estatal se caracterizó además por la represión de las protestas y la persecusión penal de sus protagonistas. Muchas personas murieron o resultaron heridas y centenares se encuentran procesados o fueron condenados en procesos penales que buscaron controlar ilícitamente la acción política en el campo popular ^ies