El derecho de acceso a la documentación pública se ha convertido, en una época como la actual –en la que la intervención administrativa ha llegado a prácticamente todos los espacios ciudadanos–, en un elemento esencial de los Estados democráticos, pues solo a través de su efectivo reconocimiento se puede conocer y, lo que es más importante, controlar la actuación de los representantes públicos y de las administraciones públicas que dirigen. Aunque la Constitución Española de 1978 ya reconoció este derecho, convirtiendo a nuestro país en pionero en esta cuestión, lamentablemente su regulación efectiva ha sido tardía, escasa e insatisfactoria, lo que ha hecho del ejercicio del derecho una verdadera carrera de obstáculos, con unos límites y requisitos mucho más extensos que los previstos inicialmente en la Constitución y que acaban por imposibilitar el acceso a la mayoría de documentos recogidos en los archivos administrativos. Ante esta situación, esta obra pretende servir de apoyo, tanto a profesionales y estudiantes del mundo del derecho y de la archivística como, en general, a ciudadanos que así lo deseen, para que puedan conocer cuál es la regulación actual del derecho, saber a qué documentos pueden acceder y cuáles son las dificultades que se van a encontrar. Para ello, se le ofrece al lector no solo el análisis de las normas en vigor, sino, fundamentalmente, la interpretación dada a las mismas tanto por las administraciones públicas como por los tribunales de justicia, intentando así aportar argumentos que se puedan esgrimir ante quienes, en definitiva, van a decidir si se permite o no el derecho, a la espera de una regulación legal que posibilite realmente el derecho de acceso, la transparencia de los poderes públicos y el control de su actividad.