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El derecho de acceso a la
documentación pública se ha convertido, en una época como la actual –en
la que la intervención administrativa ha llegado a prácticamente todos
los espacios ciudadanos–, en un elemento esencial de los Estados
democráticos, pues solo a través de su efectivo reconocimiento se puede
conocer y, lo que es más importante, controlar la actuación de los
representantes públicos y de las administraciones públicas que dirigen.
Aunque la Constitución Española de 1978
ya reconoció este derecho, convirtiendo a nuestro país en pionero en
esta cuestión, lamentablemente su regulación efectiva ha sido tardía,
escasa e insatisfactoria, lo que ha hecho del ejercicio del derecho una
verdadera carrera de obstáculos, con unos límites y requisitos mucho más
extensos que los previstos inicialmente en la Constitución y que acaban
por imposibilitar el acceso a la mayoría de documentos recogidos en los
archivos administrativos.
Ante esta situación, esta obra pretende
servir de apoyo, tanto a profesionales y estudiantes del mundo del
derecho y de la archivística como, en general, a ciudadanos que así lo
deseen, para que puedan conocer cuál es la regulación actual del
derecho, saber a qué documentos pueden acceder y cuáles son las
dificultades que se van a encontrar. Para ello, se le ofrece al lector
no solo el análisis de las normas en vigor, sino, fundamentalmente, la
interpretación dada a las mismas tanto por las administraciones públicas
como por los tribunales de justicia, intentando así aportar argumentos
que se puedan esgrimir ante quienes, en definitiva, van a decidir si se
permite o no el derecho, a la espera de una regulación legal que
posibilite realmente el derecho de acceso, la transparencia de los
poderes públicos y el control de su actividad.
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