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La autonomía en Bolivia no sólo es el resultado de los expresado en la tercera parte de la Constitución Política del Estado, sino también la consecuencia del permanente tensionamiento y lucha política de la periferia expresada por los departamentos con el poder central; de las provincias con la ciudad capital; del área rural con las áreas urbanas, y que tiene como su hito de referencia más trascendental de la Ley 1551 de Participación Popular, con su descentralización territorial vía los municipios. El nuevo régimen de autonomías señalado por la CPE plantea un enorme desafío para el Estado Boliviano, no sólo por la demanda de mayores capacidades políticas y de administración del territorio, sino fundamentalmente por las limitaciones estructurales de su financiamiento, situación que se agrava con el desprolijo e insuficiente desarrollo constitucional del régimen fiscal de las autonomías, que no coincide con el nuevo "tamaño" del Estado, sus nuevas responsabilidades y la multiplicación de actores territoriales que ella instituye. |
