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Desde finales del siglo XIX en Bolivia, constitucionalmente se decla-ró que la instrucción primaria era gratuita y obligatoria; además, se estipuló que los infantes fueran educados en la “industria y el trabajo” (Flores, 1953: 219), en la práctica; la obligatoriedad no llegó a la población indígena. La acción educativa del Estado en Bolivia resultó ineficaz para servir a las exigencias básicas de la unidad, ya que había ignorado a los grupos indígenas, comunidades que eran amplia mayoría desde la consi-deración demográfica del país andino. Frente a la problemática de integrar a las comunidades originarias, se implantó un proyecto de renovación educativa que no pusiera en peligro las estructuras e instituciones jurídicas, políticas y sociales del Estado y la oligarquía. El intento por incorporar al habitante originario a la “vida civilizada” por medio de la educación, como propuesta de integración, de domesticación como dócil instrumento de trabajo, condujo a renovar el sistema educativo boliviano. La instrucción desde esta perspectiva se volvió paternal; consideró al indio como un menor de edad incapaz de gobernarse, de alcanzar madurez de conciencia. Se concibió un ideal que infravaloró al habitante originario, se pugnó por una rápida e impositiva occidentalización que no tomó respeto a la personalidad y a las formas de vida tradicional de las comunidades andinas. Desde la renovación educativa, todo debía ser sustituido compulsivamente por los moldes superiores de la cultura occidental.