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El autor analiza la protección ordinaria de los derechos del administrado en el ordenamiento jurídico boliviano poniendo de relieve, por una parte, el papel fundamental de los isntrumentos de defensa de los derechos en la definición de la forma del Estado contemporáneo. Y, por otra que, aunque el control jurosdiccional de la conformidad a la constitución de los actos administrativo se efectúa a través de la justicia constitucional, el mismo no deja de ser extraordinario y es por tanto el control ordinario llevado a cabo mediante el proceso contencioso administrativo el que se configura como la más garantista de las funciones jurisdiccionales estatales.

El proceso contencioso administrativo se constituye así en el instrumento jurisdiccional ordinario que permite el control sobre la Administración con la finalidad de garantizar el respecto del principio de constitucionalidad como base del respeto de los derechos.