La Ley de Ejecución Penal y Supervisión fué aprobada el 20 de diciembre de 2001 , estableciendose cambios relevantes en materia penitenciaria, orientados principalmente al cumplimiento efectivo de la finalidad de la pena privativa de libertad, concebida como el proceso de reinserción social de la persona que permenace recluida por la comisión de un hecho delictivo.