Aunque la contundencia de las protestas populares obligó al gobierno a la temprana abrogación del decreto supremo 0748, los objetivos de la medida no quedaron claros para una importante parte de la población. Para muchos resulta todavía inadmisible que un gobierno popular hubiese adoptado una medida de impactos económicos sy sociales tan nocivos y con un altísimo costo político. La inexistencia de información precisa y accesible sobre los aspectos fiscales y la realidad energética del país, que configuraron el contexto en el que se adoptó la decisión gubernamental, contribuyó a la confusión respecto a sus propósitos y en la actualidad permite que el gobierno retome la iniciativa apelando al temor que produce en la población la posibilidad de una crisis fiscal y de provisión de combustibles ^ies