En el trabajo constatamos, igualmente, que pese a toda la planificación previa, el operativo se ejecutó sin orden judicial ni la presencia del fiscal Marcelo Soza, con lo cual todos los elementos de convicción recolectados, al estar contaminados constituyen prueba ilícita que deberá ser expulsada del proceso en cuanto se tenga un tribunal independiente e imparcial.
Tampoco tomaron declaraciones a los policías que intervinieron en el operativo, no se inspeccionó ni recosntruyó la masacre en el hotel, diligencias imprescindibles para esclarecer (en serio) todo lo ocurrido en la madrugada DEL 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas. El gobierno no permitió la conformación de una Comosión Internacional de las Naciones Unidas que investigue y establesca imparcialmente cómo sucedieron estos hechos y señalar a los responsables, pese al antecedente con UNASUR cuando tomó militarmente Pando.