En Bolivia, la preocupación por el estado de la justicia y los intentos por reformarla llevan ya bastantes años. El ciclo 1992 y 2003 se caracterizó por el desarrollo de un marco institucional que incorporó al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Judicatura. Entre 2003 y 2005 la característica fue la acción conjunta de los tres poderes del Estado, a fin de construir una política de “Justicia para todos” y, en particular, para los sectores vulnerables y excluidos de la sociedad, con mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, los centros integrados de justicia y la justicia de paz. Desde 2006, con el inicio del primer Gobierno del Movimiento Al Socialismo (mas), se concretó, entre otros, un modelo de justicia plural que reconoce las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, constitucional e indígena originaria campesina. Los planes de reforma contemporáneos, tanto los del proceso de modernización del Estado –propios del neoliberalismo– como los del actual proceso de cambio, no han logrado eliminar ni la retardación de justicia ni la corrupción, mostrando que los esfuerzos reformistas no fueron suficientes y que la corporación judicial es capaz de resistir de forma muy eficaz los esfuerzos del Estado central por transformarla.