Los derechos ciudadanos de participación y de ejercicio del control social tienen tanta importancia para el avance de la democracia en el país que incluso están reconocidos en la Constitución Política del Estado, vigente desde el año 2009.
El julio de 2010 se aprobó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (artículos 138 al 143), que establece los lineamientos de la participación y control social para los municipios.
En febrero de 2013 se aprobó la Ley No. 341 de Participación y Control Social, ratificando los derechos de la sociedad civil organizada de intervenir en asuntos importantes de la gestión pública.