Los partidos políticos están presentes en la vida política latinoamericana llevando a cabo diferentes funciones, de entre la que destaca el reclutamiento de la élite política, también hay evidencias notorias de la valoración negativa que reciben de la sociedad. De entre los aspectos que se han señalado en las páginas anteriores relativos a la necesaria profesionalización de calidad de la clase política se sostiene que el desarrollo de la misma sería más efectiva en el seno de un partido, y de ahí su imponderable revalorización y la adaptación de la vieja función del reclutamiento hacia una vía de profesionalización de la política.En efecto, el partido es el instrumento idóneo para impulsar el proceso de selección de candidatos (Freidenberg y Alcántara, 2009), bajo ciertos criterios de alguna manera meritocráticos y para ejecutar —al brindar un escenario dónde llevar a cabo una carrera profesional— la rendición de cuentas que el electorado demanda de sus representantes en la medida en que se hace responsable subsidiario del quehacer de aquél a quien postuló para un puesto. El electorado puede castigar no sólo a quien en su función representativa les defraudó sino al partido que estaba detrás, que lo eligió mal y que no ejerció ningún control sobre su tarea. Por otra parte, si la financiación de la política se encauza a través del partido, el control del gasto es más fácil de gestionar y de pedir, nuevamente, responsabilidades individuales y colectivas.La sociedad, mediante los periódicos procesos electorales, articula verticalmente la rendición de cuentas, mientras que lo hace horizontalmente a través de diferentes mecanismos de control, bien sea de origen parlamentario, jurisdiccional o societal, por medio de instancias de revocación de mandato; los medios de comunicación también desarrollan funciones de control, así como otras instancias de la sociedad civil como think tanks, organismos de investigación e instancias evaluadoras de la actividad política; finalmente, la opinión pública ejerce una acción escrutadora sancionando, en términos de control social y de popularidad, la actuación de los políticos. Este sistema amplio de rendición de cuentas pone el acento en cuestiones muy diversas que, en la mayoría de los casos, se centran en la deshonestidad, la mentira, la incompetencia, la capacidad de comunicación y la falta de transparencia, así como, en algunas sociedades, aquella conducta personal que se aleja de los cánones mayoritarios existentes. No obstante, hay otros aspectos que tienen una extremada importancia para entender la evaluación que la sociedad pueda realizar sobre los políticos y que se refieren al propio rendimiento de la política a la hora de satisfacer demandas esenciales, que la ciudadanía exige como prioritarias. La paz y la seguridad, el crecimiento económico y cierta mitigación de la desigualdad, la cobertura mínima de necesidades sociales irrenunciables en el terreno de la salud, la educación, la vivienda y el trabajo constituyen ejes de actuación para la élite política sobre cuyos resultados es permanentemente evaluada, siendo en épocas de crisis su valoración aún mayor.