El derecho a la salud no se limita a un enunciado legal. Por respetables que sean los parlamentos, involucra cambios no sólo en aspectos fenoménicos, jurídico legales, sino en la esencia misma de lo que son los derechos humanos y en la nueva conceptualización de la salud y la enfermedad. Por supuesto que exige también que el Estado sea un “Estado de Derecho”, con sus tres poderes independientes, sólidamente institucionalizados y que respete todos los derechos humanos que, por definición, son indivisibles y se potencian unos a otros. Que sea, además, un Estado que defienda el medio ambiente y las relaciones sociales de producción, buscando constante y prioritariamente el desarrollo humano de la generación actual y de las venideras. La salud no puede ser usada como instrumento de lucros ni de la avaricia de poder de ningún partido político. La salud es de todos, para todos y es un derecho a conquistar entre todos.