Durante los años 90 en Bolivia, al igual que en la mayoría de los países de nuestro continente, se dieron reformas estructurales de corte neoliberal que se materializaron en la privatización de las empresas públicas de carácter estratégico, delegando a los agentes del mercado la responsabilidad de la planificación del sector eléctrico y la decisión de la realización de inversiones, minimizando las funciones y la participación del Estado.
En este contexto, es fundamental que el sector eléctrico cuente con una planificación con visión de largo plazo, que promueva el desarrollo del servicio eléctrico en función de los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado y en armonía con los requerimientos de la sociedad en su conjunto, donde el Estado, a través de su participación mayoritaria en el sector, promueve la ejecución de los proyectos y la expansión de la industria eléctrica, con criterios de integración, inclusión social, universalidad y equida, para el beneficio de todas y todos los bolivianos.