La declaración constituye por supuesto un avance, un instrumento en el derecho internacional que los pueblos indígenas deben ejercer, deben darle vida y una proyección política. Es precisamente lo que tanto los Pueblos Indígenas, como el conjunto de las sociedades de nuestro continente y del mundo, debemos trabajar. Convertir la Declaración que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas, en acciones concretas, en medidas objetivas, en políticas públicas, en consensos. Ha de ser necesario implementar mecanismos de control de cumplimiento y concordancia con otras normas jurídicas nacionales en tema tierras, desarrollo rural, educación, salud, etc.