Una de las legítimas aspiraciones del pueblo boliviano, radica en la esperanza de que algún momento de la historia del país, el Estado, a través de sus órganos de poder, pueda ofrecerle un sistema de justicia transparente, imparcial, oportuno en el tiempo, desburocratizado, librado de las influencias económicas y políticas y desde luego con jueces y magistrados idóneos no sólo en lo concerniente a la solvencia profesional que los caracterice, sino con la suficiente dosis de honestidad, honradez y vocación de justicia.