La Constitución Política del Estado ha definido, a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos ha tocado vivir, que la justicia es uno de los principales retos para la democracia que estamos construyendo.

Las instancias máximas de decisión en el Órgano Judicial, fueron históricamente, a nivel institucional, dependientes de las decisiones de los grupos de poder. Nos referimos a jueces colocados por parentesco, por imposición de los dictadores de turno, o a partir de pactos político-partidarios en la reciente democracia neoliberal.

A lo largo de la historia de Bolivia nunca se concibió a la justicia institucional como un derecho de la ciudadanía, sino más bien como un privilegio de los sectores de poder, es decir los jueces nombrados se debían al poder político y recibían beneficios de él. El conjunto de la ciudadanía simplemente sufría las decisiones (o falta de ellas) del Poder Judicial, que fluctuaban según la capacidad económica y el poder político del involucrado.