Este trascendental documento se compone de más de 200 mapas de los 58 territorios indígenas de tierras bajas de Bolivia que se han reclamado ante el Estado durante los últimos 20 años, así como otros que se encuentran en proceso de titulación. Se grafican en los mapas los derechos otorgados sobre éstos para exploraciones o explotaciones mineras y petroleras, los procesos de deforestación y degradación de bosques, así como los derechos agrarios reconocidos en dichos territorios a terceros particulares. A estos datos se les suma, como marco social y político, los procesos de lucha reivindicativa que los pueblos desataron para consolidar sus territorios. Se recupera la rica estrategia aplicada por cada pueblo/organización territorial, que explica la dimensión de la lucha que protagonizaron los pueblos indígenas en esta parte del país. De su estudio se deduce que, lejos de haberse tratado de meros procesos administrativos de "saneamiento" y "dotación de tierras", estas estrategias consistieron en verdaderos procesos históricos sociopolíticos de recuperación de territorios usurpados.