La exigibilidad de derechos lidia permanentemente con el poder, y en esta dinámica, resulta un problema complicado para el Estado y para la sociedad civil, establecer el estado de situación de los derechos humanos y particularmente de los derechos económicos sociales y culturales (DESC), debido a que carecemos de indicadores que nos expliciten el grado o nivel de avance o retroceso de los mismos; carecemos de mecanismos que valoren la progresividad y efectiva realización de los derechos en el tiempo, además de instrumentos que prmitan medir las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular.