En Latinoamérica, posiblemente haya sido Argentina uno de los países que con mayor intensidad negó el aporte de los pueblos indígenas a su matriz cultural, y también uno de los que desplego políticas indigenistas tanto erráticas, cuando dispares, por época y región. No obstante, la incorporación de de los derechos indígenas a la Constitución Nacional reformada en 1994, pareció una señal del interés por modificar los términos de su relación con los pueblos indígenas. Independiente de la transformación de marcos jurídicos, la práctica estatal ha mantenido un estilo claramente neo indigenista, que manifiesta, en el discurso, renunciar a un proyecto de asimilación vinculado al indigenismo clásico pero que concreta, en la práctica, modelos restringidos de consulta y participación indígena. Practicas inclinadas a promover la nivelación de sujetos económicamente sumergidos o “ciudadanos incompletos”, a través de un desarrollo con base en actitudes paternalistas.^ies