En este sentido se comprende que cuando se vive en una sociedad donde el orden y los valores están en función de interés y privilegios de grupos dominantes, el funcionamiento de los órganos de control jurídico social están predeterminados por esos grupos, donde los abusos y excesos de los servicios públicos y los administradores de justicia se constituyen en una constante, dejando a la ciudadanía frecuente ante la indefensa y vulnerabilidad permanente, con escasos o nulas garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales.^ies