Las tierras bajas de Bolivia, sobre todo los departamentos de Santa Cruz, Beni y hasta la revolución nacional de 1952, en su mayoría eran consideradas tierras deshabitadas por los sucesivos gobiernos, tal vez por no contribuir al sostenimiento del Estado con el impuesto indígena, ya que gran parte de su población no cumplía con los criterios de ciudadanía bajo control estatal. Eran indígenas llevados luego sevicolas, por la escasa presencia hacendal y la poca integración al resto del país, por la falta de vías camineras. En el control y ocupación del espacio, el Estado emitió varias medidas para agregarlo desde su lógica, como la Ley de 30 de octubre de 1883, la Ley de 21 de agosto de 1951 y la Ley de 13 de noviembre de 1886, entre otras , con las que buscaba generar mayor presencia poblacional y alcanzar el desarrollo de la zona, según la política estatal, es decir con la explotación de los recursos naturales y la producción agropecuaria en la mayoría de los casos ignorando la presencia de la población oriunda o considerándola parte de lo que había que controlar. ^ies