A dos años del inicio de la gestión en la nueva institucionalidad del Consejo de la Magistratura podemos asegurar que hemos dado pasos importantes en el cumplimiento de nuestras metas institucionales, pese al difícil entorno que se expresa de forma evidente en prácticas arraigadas entre los operarios de la justicia, de anteponer el beneficio personal al sagrado deber social de impartir justicia.