El 22 de diciembre de 1992, un pequeño grupo de familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura de Alfredo Stroesner encabezados por Martin Almada, pedagogo y abogado, y el joven juez Agustín Fernández, llegó sorpresivamente ante una sede policial de barrio de Lambaré en Asunción, la capita paraguaya, y en nombre de la justicia ingresaron al lugar.
Además de la saga de informes, de las partes de la trágica rutina de represión, de los testimonios de espionajes y transcripciones de los interrogatorios bajo torturas, en esos archivos se encontraron varios documentos que permitieron comenzar a reconstruir la historia secreta de una criminal acción de contrainsurgencia, que bajo el nombre de Operación Cóndor, dejó centenares de víctimas en la región.